Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

 

Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1969

Lugar de nacimiento: Cuernavaca, Morelos, México

Nacionalidad: Mexicana

Educación:

  • Licenciatura en Derecho: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
  • Maestría en Derecho (LL.M.): Universidad de Harvard
    • Certificado en Tributación Internacional: Universidad de Harvard
    • Beca Fulbright-García Robles
  • Doctorado Honoris Causa: Universidad Autónoma de Chihuahua (2014)
 

Práctica Privada de Derecho
1995 - 2008

Antes de ingresar al sector público, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena acumuló una vasta experiencia en despachos de abogados nacionales e internacionales. Durante este período, trabajó en firmas destacadas como Covington & Burling LLP, Ortiz, Sainz y Tron S.C., Holland & Knight-Gallastegui y Lozano S.C., y White & Case S.C., donde se especializó en derecho tributario, comercio exterior y litigio administrativo y fiscal. Esta experiencia le permitió adquirir un profundo conocimiento en la regulación fiscal y de comercio exterior, lo que luego aplicaría con éxito en sus cargos dentro de la administración pública. Durante estos años, su carrera estuvo marcada por el desarrollo de soluciones complejas para clientes nacionales e internacionales, y por la aplicación de su experiencia en casos transnacionales y asuntos regulatorios.

 

Carrera en el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Octubre 2003 - noviembre 2012

A lo largo de su carrera en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue nombrado en tres ocasiones por el Presidente de la República y ratificado por el Senado para ocupar diversos cargos en la institución: Administrador General Jurídico del SAT (7 de diciembre de 2003), Administrador General de Grandes Contribuyentes del SAT (11 de diciembre de 2006) y Jefe del SAT (9 de julio de 2008).

Su liderazgo como Jefe del SAT -puesto que ocupó hasta noviembre de 2012- fue fundamental para modernizar la administración tributaria en México y mejorar la eficiencia recaudatoria.

Durante su gestión lideró una transformación integral de la institución, que la consolidó como una de las más eficientes y modernas de América Latina. Bajo su mando, la recaudación tributaria experimentó un notable crecimiento que, para el año 2012, alcanzó poco más de $1,500,000 millones de pesos (1.5 billones de pesos)[1] que significó un importante incremento para los ingresos públicos al elevar en 48% los ingresos en términos nominales durante toda su gestión, desde 2007 a 2012[2]. Este crecimiento se dio en paralelo a la expansión del padrón de contribuyentes, que llegó a 38.5 millones para 20122 fue fruto de una gestión que facilitó el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales a través de innovaciones tecnológicas y operativas.[3]

Gutiérrez Ortiz Mena fue el artífice de la implementación de la factura electrónica, que no solo incrementó la transparencia y la seguridad en las transacciones fiscales, sino que también modernizó profundamente la administración tributaria, permitiendo a millones de contribuyentes cumplir con sus obligaciones de manera más sencilla y eficiente. Por ello, la institución recibió el Premio a la Innovación de la Administración Tributaria, otorgado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias[4].  Complementando esta medida, impulsó la firma electrónica avanzada (FIEL), una herramienta que digitalizó la mayoría de los trámites fiscales, eliminando la necesidad de acudir físicamente a las oficinas del SAT. Este proceso de digitalización tuvo un impacto muy positivo en los contribuyentes, quienes pudieron realizar la mayoría de sus gestiones en línea, reduciendo tiempos y costos.

Su gestión en el SAT se distinguió no solo por los aumentos en la recaudación y la eficiencia operativa, sino también por la reducción de costos. Durante su mandato, la rentabilidad del SAT alcanzó los $40 pesos recuperados por cada peso invertido en actos de fiscalización y se recuperaron cuentas por cobrar que logró entre 2007 y 2011 un incremento de 169.7% al pasar de $12.5 mmdp a $21.2 mmdp[5]. Estos logros fueron el resultado de una estrategia de gestión basada en la optimización de recursos y la mejora continua de procesos. [6]

Además, Gutiérrez Ortiz Mena implementó reformas que beneficiaron directamente a los contribuyentes. Por ejemplo, los tiempos de devolución de impuestos se redujeron considerablemente: el tiempo de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) pasó de 12 a solo 3 días, mejorando de manera tangible el servicio y la relación del SAT con la ciudadanía. Ese liderazgo llevó a que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico[7] (OCDE) reconociera a México entre los más destacados de los países miembros en tiempos de devolución de impuestos.

Fortaleció la representación de los intereses del fisco federal, especialmente en lo que se refiere a la defensa del interés fiscal tanto en el anterior Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, como en los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Además, se estableció una atención especial a los asuntos de mayor impacto para la administración impositiva.

Así las cosas, los resultados de los juicios a favor del SAT tanto en número de asuntos como en montos se incrementaron desde 2004[8]. En el caso de juicios con sentencia definitiva se incrementó de un 47.5% de sentencias favorables en 2005, para un 54.8% a fines de 2012. En el caso de los montos se presentó esa misma tendencia, de 47.5% en 2005 a 61.5% en 2012.[9]

Bajo el liderazgo de Gutiérrez Ortiz Mena, el SAT no solo logró mejoras en la eficiencia tributaria, sino que también jugó un papel crucial en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal. Gracias a la generalización del uso de la factura electrónica y la creación de bases de datos interconectadas, se pudo detectar y combatir de manera más eficaz el fraude fiscal y las prácticas ilícitas en el comercio exterior, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de derecho y a la protección de los recursos públicos.  Por dicho trabajo, se le otorgó al SAT el Reconocimiento Yolanda Benítez de la Organización Mundial de Aduanas[10], entregado por los resultados en combate a la piratería y falsificación (2010).

Una de las innovaciones más destacadas de su gestión fue la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano[11], un sistema que simplificó los trámites aduaneros y mejoró significativamente la eficiencia en el control del comercio exterior. Esto permitió un mejor manejo de los flujos comerciales en las fronteras, facilitando el comercio internacional y reduciendo las barreras administrativas que afectaban tanto a empresas como a autoridades. En este contexto, Gutiérrez Ortiz Mena también lideró la implementación de un sistema de revisión aduanera no intrusiva, basado en el uso de tecnología avanzada para inspeccionar cargamentos en tiempo real, mejorando la seguridad y optimizando los procesos de revisión sin afectar la fluidez del comercio. Con estas iniciativas se logró un mejor balance de facilitación y control de las aduanas del país.

Con estos esfuerzos integrales las aduanas del SAT lograron el aseguramiento de 70 toneladas de marihuana; más de 30 toneladas de cocaína; más de 51 millones de dólares en efectivo; más de 3,000 toneladas de precursores químicos y más de 800 mil cartuchos útiles[12].

En resumen, la gestión de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el SAT se caracterizó por una modernización profunda de la institución, impulsada por innovaciones tecnológicas, mejoras en la eficiencia operativa y una mayor transparencia en los procesos fiscales y aduaneros. Su capacidad para implementar cambios estructurales en una de las instituciones más grandes y complejas de México lo consolidó como uno de los líderes más influyentes en la administración pública del país.  En 2011, este liderazgo fue reconocido a nivel internacional cuando fue incluido en la lista de The 50 Biggest Influencers in Tax de la revista International Tax Review[13].

 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
Diciembre 2012 - Actualidad

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue propuesto por el Presidente de la República en una terna enviada al Senado para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 1º de diciembre de 2012, el Senado lo designó Ministro, siendo la cuarta vez que fue designado en un cargo público a propuesta del titular del Ejecutivo Federal y electo por el Senado.Desde entonces, ha desempeñado este cargo, donde ha contribuido a consolidar una visión progresista de la Constitución y ha promovido la protección de los derechos humanos en el sistema judicial mexicano.

Desde la doctrina constitucional, siendo consistente durante todo su tiempo como Ministro, ha impulsado la interpretación de un bloque de constitucionalidad que incluye el reconocimiento de los derechos que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales, así como la interpretación de estos por parte de los órganos autorizados, reconociendo la coexistencia del valor de la democracia y el rol institucional de la SCJN.[14]  A diferencia de otros puntos de vista, su perspectiva se distingue de aquella de sus colegas Ministros en el sentido que es sensible a la posición institucional de la Corte y a los valores democráticos.[15] Además, ha impulsado una amplia interpretación sobre la legitimación de las personas para acceder a los tribunales, a la altura de las mejores tribunales constitucionales[16].

El Ministro Gutiérrez Ortiz Mena ha sido pionero en la implementación de la perspectiva de género en la jurisprudencia mexicana, [17]  proponiendo un enfoque sistemático para aplicarla en la toma de decisiones judiciales. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en casos de guarda y custodia,[18] igualdad laboral y violencia de género, contribuyendo a fortalecer la protección de los derechos de las mujeres en el país. En concreto, ha propuesto criterios para dar contenido a la obligación de las autoridades ministeriales para investigar con perspectiva de género (Caso Mariana Lima Buendía), [19] y a las juezas y jueces, para juzgar e investigar con dicha perspectiva, además de señalar la importancia del acceso del derecho a la verdad (Caso Karla Pontigo).[20]  Asimismo, ha impulsado criterios que señalan que la responsabilidad penal de las mujeres debe decidirse sin estereotipos y con perspectiva de género.[21]

Su posición sobre la equidad y discriminación lo ha llevado a pronunciarse en favor de declarar la inconstitucionalidad de normas secundarias que, a su juicio, resultarían en un reforzamiento de estereotipos de género. Con ese enfoque ha desarrollado criterios en materia familiar y sobre reconocimiento de derechos de los concubinos.[22]

Uno de los temas centrales de su labor ha sido la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Gutiérrez Ortiz Mena ha sido una figura clave en las decisiones que reconocen el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre la interrupción del embarazo.[23]  Ha argumentado en favor de la invalidez de las normas penales que criminalizaban el aborto, subrayando la importancia de garantizar la autonomía personal y los derechos reproductivos como parte integral de los derechos humanos.

En el ámbito de los derechos de la comunidad LGBTQ+, Gutiérrez Ortiz Mena ha apoyado consistentemente el reconocimiento del matrimonio igualitario y ha propuesto innovadoras interpretaciones jurídicas para garantizar derechos y eliminar normas discriminatorias, [24]  como aquellas que limitaban el matrimonio y la adopción a parejas heterosexuales[25], así como precedentes que, a la luz de los derechos a la salud, identidad y autonomía buscan proteger la realización adecuada de cirugías de afirmación de género.[26] También ha impulsado la regulación de la práctica existente de subrogación gestacional,[27] basándose siempre en el principio de no discriminación.

Otro aspecto destacado de su labor en la Corte ha sido la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, respecto de quienes ha promovido la creación de lineamientos para la consulta previa, defendiendo su derecho a la participación en las decisiones que afectan sus territorios y recursos.[28] Asimismo, ha desarrollado estándares sobre la acción afirmativa de los pueblos y comunidades indígenas en el acceso a los medios de comunicación.[29]  

En materia de derechos de las personas migrantes en situación irregular, ha emitido criterios importantes sobre la garantía de sus derechos, incluyendo su derecho a obtener un registro oficial (que en México se conoce como Cédula Única de Registro de Población – CURP),[30]  así como a medidas colectivas para proteger a niñas y niños migrantes en caravanas[31] y en relación con adolescentes refugiadas y solicitantes de asilo.[32]

En el ámbito penal, ha sido un firme defensor de la presunción de inocencia[33] y ha cuestionado la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Sus decisiones han impulsado el enfoque garantista en el derecho penal mexicano, que promueve el respeto a los derechos fundamentales en el contexto judicial.

En concreto, ha tratado temas como el estándar material de defensa adecuada material y formal, [34] el derecho a interrogar testigos y procedimientos sugestivos en la identificación de testigos. Ha impulsado la prohibición de la tortura, su entidad constitucional y la determinación que ésta no es solo para obtener información sino también puede ser con un efecto intimidatorio.[35]

Asimismo, fue ponente de la sentencia que afirma la obligación de todas las autoridades de acatar las acciones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de Naciones Unidas, impulsando con ello, la fuerza de las decisiones internacionales –aun cuando no sean jurisdiccionales- en el derecho interno. En dicho precedente, además, se reconoce el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas.[36]  El Comité celebró dicha sentencia por reconocer el carácter vinculante de sus decisiones y por establecer “la impostergable obligación de búsqueda de la persona desaparecida con toda la fuerza institucional disponible”.[37]

En materia administrativa, se ha inclinado por conceder deferencia a organismos especializados en su interpretación de la ley, deferencia que, en su criterio, encuentra un único límite en los derechos humanos, en cuyo caso los tribunales pueden exigir a las autoridades justificaciones más robustas. Un criterio importante ha sido el relativo al principio de Estado Regulador, que establece que existe un parámetro de control diferenciado para los organismos constitucionales autónomos, que los protege de intromisiones de las funciones legislativa y ejecutiva y les garantiza una fuente jurídica propia. [38]

Asimismo, ha propuesto criterios importantes en relación con la asistencia consular,[39] el interés superior de niñas, niños y adolescentes,[40]  personas con discapacidad,[41] libertad de expresión[42]  y sobre responsabilidad extracontractual por negligencia médica,[43] y sobre las reparaciones a través del amparo.

En relación con el Federalismo y el equilibrio de poderes, temas torales de la SCJN, el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena ha demostrado posiciones resueltas para fortalecerlos. Su argumentación jurídica releja una firme convicción de que un pacto Federal robusto parte de la deferencia hacia las facultades y autoridades locales y estatales. Gutiérrez Ortiz Mena está cierto en que el desarrollo y fortalecimiento de los niveles de gobierno subnacionales es la piedra angular de un pacto federal sólido.

Asimismo, ha impulsado importantes precedentes relativos a la protección de las garantías de independencia judicial, como la inamovilidad y estabilidad en el cargo.[44]

A lo largo de su gestión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y a la promoción de un enfoque más inclusivo y equitativo en la interpretación constitucional. Su trabajo se ha caracterizado por la defensa de principios fundamentales como la justicia, la equidad y el respeto a la dignidad humana, siempre interpretando progresivamente los estándares nacionales e internacionales. Ha desempeñado un papel importante en el enriquecimiento del debate judicial, colaborando con sus colegas en la Corte para asegurar que las decisiones reflejen los valores constitucionales en el contexto contemporáneo.

 

Compromiso con el Medio Ambiente

A lo largo de su carrera, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha demostrado un firme compromiso con la protección del medio ambiente. Desde su gestión en el SAT, impulsó la digitalización de trámites, lo que resultó en una significativa reducción del uso de papel y consumibles. Estas innovaciones no solo beneficiaron a los contribuyentes, sino que también tuvieron un impacto positivo en la sustentabilidad de la institución.

Además, promovió la construcción de edificios del SAT con certificación LEED[45] (Leadership in Energy and Environmental Design), como el inmueble en Mexicali, Baja California, lo que marcó un estándar de sustentabilidad para otras oficinas a nivel nacional. Actualmente, Gutiérrez Ortiz Mena es Embajador de Buena Voluntad por la Justicia Ambiental en las Américas, designado por la Organización de Estados Americanos[46] (OEA), y es miembro de la Junta Directiva del Instituto Judicial para el Medio Ambiente, donde continúa promoviendo la justicia ambiental y la protección del medio ambiente como un derecho humano.

Su compromiso con la eficiencia organizacional apoyada en la transformación digital apoyó en la facilitación de procesos, pero también en el medio ambiente. Durante su gestión se eliminaron 537 trámites en papel que fueron sustituidos por 12 servicios electrónicos integrados, que llevó a una significativa reducción de uso de papel en la organización[47].

En su rol como Ministro de la Suprema Corte ha emitido importantes criterios en favor de la protección del medio ambiente.[48]  Entre los más destacados, se encuentra el que dispone que los casos ambientales deben tener un enfoque diferenciado, y que sus características potencializan los principios de in dubio pro natura, preventivo y precautorio. En este sentido, ha enfatizado que las reglas para la suspensión en el juicio de amparo deben interpretarse de conformidad con los principios del Acuerdo de Escazú, permitiendo que esta medida se transforme en una herramienta de tutela anticipada para prevenir, mitigar o reparar daños ambientales. Además, sus criterios abordan la protección de los ecosistemas vulnerables, la responsabilidad del Estado en casos de contaminación y la importancia de la consulta previa a las comunidades indígenas afectadas por proyectos que impacten sus territorios. Estos lineamientos han reforzado la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible que respete los derechos humanos y los recursos naturales, alineándose con los principios del derecho internacional ambiental

 

Publicaciones y Reconocimientos

  • Traductor del libro "Cómo hacer funcionar nuestra democracia: el punto de vista de un juez" de Stephen Breyer, así como autor del prólogo del mismo, publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE) en 2018.
  • Autor del libro Derecho Penal Constitucional (en proceso de publicación).

 

Reconocimientos

  • Premio a la Innovación de la Administración Tributaria, otorgado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), como reconocimiento al proyecto de Factura Electrónica.
  • Reconocimiento a México como el segundo lugar entre los países miembros de la OCDE en tiempos de devolución de impuestos.
  • Reconocimiento Yolanda Benítez de la Organización Mundial de Aduanas, por los resultados en combate a la piratería y falsificación (2010).
  • The 50 Biggest Influencers in Tax, International Tax Review (2011) como reconocimiento a su trayectoria profesional.
  • Premio Traphagen de la Universidad de Harvard como exalumno distinguido (2017).
 

Afiliaciones Profesionales

  • Embajador de Buena Voluntad por la Justicia Ambiental en las Américas (OEA).
  • Miembro de la Junta Directiva del Instituto Judicial para el Medio Ambiente.
  • Miembro del Consejo Directivo de la Fundación UNAM.
  • Miembro de la Barra Mexicana de Abogados y de la Barra de Abogados del Estado de Nueva York (inactivo).
 

Idiomas:

  • Español: Nativo.
  • Inglés: Nativo.
 

[1] Equivalente a 113,895 millones de dólares de los Estados Unidos de América, a un tipo de cambio promedio en el año 2012 de 13.17 pesos por 1 dólar.

[2] Informe Triburatio y de Gestión 2007 e Informe Tributario y de Gestión 2012 SAT (http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/itg/anteriores/ITG2012/ITG_2012_4T.pdf ).

[3] Esta cifras no incluyen ingresos virtuales de la administración tributaria cono son devoluciones no efectuadas, compensaciones o aplicación de pérdidas fiscales.

[4] Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (https://www.ciat.org/)

[5] Documento publicado por el SAT: ¿Crees que el Servicio de Adminsitración Tributaria es una buena inversión?

[6] Durante su gestión no se autorizaron cancelaciones ni programas de condonación de créditos fiscales, siendo que en el caso de las cancelaciones fueron procesadas por mandato de la ley que obedecían a programas existentes.

 

[7] Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE (www.oecd.org)

[8] Informe Tributario y de Gestión 2012 SAT (http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/itg/anteriores/ITG2012/ITG_2012_4T.pdf ).

[9] A diferencia de otras administraciones sólo se reportaron como resultado favorables aquellos asuntos en donde se reconoció la validez del crédito fiscal impugnado y se dejo de considerar como favorables aquellos asuntos en los que el procedimiento podía reponerse o ajustarse por parte de la Administración Tributaria.

[10] Organización Mundial de Aduanas (https://www.wcoomd.org/)

[11] Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano, VUCEM (https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html)

[12] Informe Tributario y de Gestión 2012 SAT (http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/itg/anteriores/ITG2012/ITG_2012_4T.pdf ).

[13] International Tax Review (https://www.internationaltaxreview.com/)

[14] Esta postura parte de las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011, ambas discutidas paralelamente, y la última de su ponencia.

[15] Voto particular en Acción de inconstitucionalidad 164/2024 (4 de noviembre de 2024)

[16] Amparo en revisión 152/2013.

[17] Amparo en revisión 2655/2013 y Amparo directo en revisión 64/2014.

[18] Amparo directo en revisión 910/2016.

[19] Amparo directo en revisión 554/2013.

[20] Amparo en revisión 1284/2015.

[21] Amparos directos en revisión 92/2018, 6498/2018, 1206/2018, 1829/2018.

[22] Amparo directo en revisión 3727/2018.

[23] Acciones de inconstitucionalidad 148/2017, 106/2017 y su acumulada 107/2018.

[24] Amparo en revisión 152/2013.

[25] Acción de inconstitucionalidad 8/2012.

[26] Amparo directo 7/2021

[27] Amparos en revisión 516/2018, 820/2018 y 572/2019.

[28] Acción de inconstitucionalidad 81/2018.

[29] Amparo en revisión 603/2019.

[30] Amparos en revisión 5665/2019 y 114/2020.

[31] Amparo en revisión 7/2020.

[32] Amparo en revisión 400/2020.

[33] Amparo directo 4/2022.

[34] Amparo directo en revisión 2206/2019.

[35] Amparo directo en revisión 884/2014, amparo en revisión 256/2015) y amparo directo en revisión 807/2020.

[36] Amparo en revisión 1077/2019.

[37] ONU, Comité contra las Desapariciones Forzadas, Informe presentado en abril de 2022 sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención, párr. 9.

[38] Controversia constitucional 17/2014.

[39] Amparo directo en revisión 1747/2014.

[40] Amparo directo en revisión 6491/201 y 6605/ 2017.

[41] Amparo en revisión 1368/2015

[42] Amparo en revisión 482/2014 y Amparo directo en revisión 6467/2018.

[43] Amparo directo 51/2013.

[44] Controversia constitucional 99/2016 y voto en la Acción de Inconstitucionalidad 99/2016.

[45] Leadership in Energy and Environmental Design, LEED (https://bioconstruccion.com.mx/certificacion-leed/)

[46] Organización de Estados Americanos, OEA (https://www.oas.org/)

[47] Simplificación de la Administración Tributaria Federal

[48] Revisión en incidente de suspensión 1-2022.