Internacional

El 4 de octubre del 2023, la Dirección General de Relaciones Institucionales (DGRI) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transmitió la cuarta sesión de los Diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, titulada ‘‘Reparaciones transformadoras con perspectiva de género’’. Participó como ponente la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y moderó la maestra Gabriela Morales Gracia, Subdirectora General de Vinculación con Instituciones y Organismos Internacionales de la DGRI.

La sesión se llevó a cabo en dos secciones: la primera abarcó la exposición inicial de la Comisionada Julissa Mantilla y durante la segunda el público experto planteó preguntas que detonaron la reflexión y el diálogo.

La maestra Gabriela Morales Gracia inició el diálogo con la pregunta “En el sistema de derechos humanos, ¿cómo se construye la doctrina de reparaciones?” A lo que la Comisionada Julissa Mantilla explicó que las reparaciones son una obligación de los Estados para reparar o indemnizar a la parte afectada ante una violación de derechos humanos, refirió que para el Sistema Interamericano el tratado de referencia es la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual plantea reparaciones con perspectiva de género a partir del principio de no discriminación, al igual que la Convención de Belem do Pará lo establece a nivel de tratado internacional especializado. Se hizo hincapié en la importancia de una reparación integral con medidas de rehabilitación, de satisfacción o garantías de no repetición, donde no sólo se tomen en cuenta las medidas de indemnización. Cabe mencionar que estas reparaciones se deben hacer con perspectiva de género y con enfoque interseccional, dependiendo el caso, por ejemplo, una mujer de una población rural, con alguna discapacidad o una mujer transexual, etc., ahí lo que se espera es que las víctimas participen directamente procurando el monitoreo de cada caso para lograr una reparación efectiva.

Ante la pregunta: ¿cómo se ha constatado la efectividad de las reparaciones transformadoras y con perspectiva de género?, la Comisionada Julissa Mantilla respondió con el ejemplo del caso Martha Lucia Álvarez contra Colombia, el cual logró que se establecieran reglamentos en las prisiones para que la visita conyugal se llevara a cabo en condiciones de igualdad y no discriminación, lo cual fue de gran impacto para los derechos de las de las personas LGBTI+ privadas de la libertad en ese país.

Durante la segunda parte de esta cuarta sesión de los Diálogos, el público participó con preguntas y reflexiones referentes a la importancia del Sistema Interamericano para el respeto a los derechos de las mujeres, así como el aprovechar las herramientas judiciales desde la sociedad civil, donde además la academia deberá incrementar su participación.

Asimismo, a partir de una reflexión entre el público experto, la Comisionada Mantilla comentó lo fundamental que es la reparación simbólica para las víctimas, narrar el caso al iniciar una denuncia y ser escuchadas, les permite sanar.

La Comisionada Mantilla Falcón afirmó que los órganos legislativos de los Estados juegan un papel esencial al ratificar los instrumentos internacionales para la protección de derechos humanos; la aplicación de políticas públicas y capacitación efectiva de los funcionarios judiciales pueden hacer un cambio significativo en el entendimiento del Sistema Interamericano y el derecho a la reparación integral y con perspectiva de género.

México participó en la XXI Edición de este foro especializado que reúne a las Cortes y Tribunales Supremos y Consejos de la Judicatura y de la Magistratura de 23 países de la región. La Asamblea Plenaria de Presidentas y Presidentes de esta edición, con el eje temático “Por una carrera judicial independiente y eficaz”, se celebró en Lima, Perú del 20 al 22 de septiembre, y la delegación del Poder Judicial de la Federación estuvo a encabezada por los Ministros Luis María Aguilar Morales, y Alberto Pérez Dayán, así como por la Consejera Lilia Mónica López Benítez.

En el marco del “Premio a la Igualdad: Reconocimiento Iberoamericano de Sentencias con Perspectiva de Género” otorgado por la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia para distinguir y reconocer sentencias garantes del derecho a la igualdad y no discriminación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue galardonada con el primer y tercer lugar por las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2017, del 7 de septiembre de 2021, y 54/2018, del 21 de septiembre de 2021, respectivamente. Ambas resoluciones cumplieron con los criterios establecidos en la convocatoria al identificar sesgos, brechas y estereotipos de género con posibles afectaciones hacia las partes en un proceso judicial, permitiendo que dichos elementos fueran considerados y juzgados con perspectiva de género.

La Asamblea Plenaria reiteró su compromiso con la equidad de género al recoger las propuestas presentadas por la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia en torno a incorporar la perspectiva en todo el quehacer de la Cumbre Judicial Iberoamericana y los Poderes Judiciales que la integran.

En esta edición, la SCJN participó en el Grupo de Trabajo 1 “Selección de Jueces y Juezas y permanencia en la Carrera Judicial”, el cual estuvo integrado por 10 países incluido México que, junto con Chile y España, coordinó las actividades de este grupo. Además, estuvo a cargo del diseño, redacción y revisión de la “Guía de Buenas Prácticas en materia de Inclusión e Interseccionalidad en la Carrera Judicial”, herramienta orientativa que busca visibilizar los programas y las acciones implementadas por los poderes judiciales de la CJI para promover la inclusión y la interseccionalidad en la carrera judicial en fortalecimiento de la función jurisdiccional.

La SCJN seguirá participando activamente en la edición XXII de la CJI cuyo eje temático es: ‘‘Justicia al día para garantizar la Dignidad de las Personas”.

Se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) el pasado 13 de junio en Santo Domingo, República Dominicana a esta reunión asistió la Consejera Lilia Mónica López Benítez como observadora de dicho foro y en representación de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de México. Como acto de inauguración se llevó a cabo el traspaso de la presidencia pro tempore por parte de la magistrada Maite D. Oronoz Rodríguez, Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico al juez Luis Henry Molina Peña, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana quien asumió el cargo.

Durante la reunión del CJCC los grupos de trabajo de cada país presentaron informes de las labores desarrolladas en este período y los sometieron a la aprobación de los presidentes y presidentas de Poderes Judiciales, los informes versaron sobre temas como el combate al delito de narcotráfico, lavado de activos, justicia restaurativa, justicia al día, avances tecnológicos, cooperación judicial, justicia oportuna, estado de derecho y seguridad jurídica.

También se aprobó la celebración de la reunión extraordinaria del Consejo a realizarse de manera presencial del 23 al 26 de agosto del año en curso en la República de Panamá.

Finalmente, se seleccionó a la Suprema Corte de Justicia de Panamá para ser sede de la presidencia pro tempore del Consejo para el período 2024-2025 y como sede alterna a la Suprema Corte de Guatemala, país que ocupará la presidencia pro tempore para el período siguiente inmediato.

El CJCC es un órgano regional que promueve e integra políticas en materia de aplicación de justicia y seguridad jurídica entre los Poderes Judiciales de sus países miembros, mediante el establecimiento de canales permanentes de diálogo, sus principales objetivos son fomentar la cooperación institucional entre los Poderes Judiciales, presentar propuestas concretas en el ámbito judicial así como la homologación de instancias de auxilio judicial, además de procurar el consenso de estrategias que permitan la creación de proyectos en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana y otros foros internacionales.

El Poder Judicial de la Federación ha participado en calidad de observador en las reuniones ordinarias del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, al ser el Estado mexicano Observador Regional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) desde 2004.

El 8 de junio del año en curso la Dirección General de Relaciones Institucionales transmitió la tercera sesión de los Diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos titulada ‘Derecho a un Medio Ambiente Sano’, en esta ocasión participó como ponente la Relatora Especial Soledad García Muñoz, sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mtro. Santiago J. Vázquez Camacho, Director General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como moderador.

La sesión se desarrolló en dos secciones, en la primera parte se hizo una exposición inicial a cargo de la Relatora García Muñoz y en la segunda parte hubo un espacio para las preguntas, respuestas y comentarios de las personas expertas que asistieron virtualmente.

El maestro Santiago Vázquez abrió el diálogo por medio de la pregunta ¿Cuál es el rol de la relatoría y cuales son sus aportes al desarrollo de la agenda de la Comisión? y por otra parte ¿de qué manera la Relatoría aporta a la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)? A lo que la relatora García Muñoz respondió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al crear la Relatoría estableció una estructura para promover y proteger los DESCA y ambientales en la región; donde la agenda de trabajo se basa en el principio de indivisibilidad e interdependencia de los DESCA la cual abarca derechos fundamentales como el derecho a la salud, al agua, los derechos sociales, la vivienda, la cultura y el derecho al cuidado. También mencionó que durante la pandemia la REDESCA ayudó a desarrollar estándares para la resolución de sentencias en el Sistema Interamericano, con temas relacionados a la crisis del calentamiento global, por ejemplo, en la resolución 3/2021 para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante su ponencia, la Relatora García Muñoz destacó que los DESCA tienen un carácter de progresividad, mismos a los que se les procura un enfoque de igualdad de género e interseccionalidad, donde no hay que perder de vista la dinámica intergeneracional que también se origina. Por otro lado, menciona la importancia de los DESCA para dar visibilidad a colectivos como las personas en situación de calle, con lo cual nos compartió su experiencia acerca de la visita de trabajo que realizó a Los Ángeles, así como los recicladores informales, los cuales tienen un rol fundamental para el cuidado y del medio ambiente mismos que aportan directamente a la cultura de los DESCA y su evolución.

El origen del principio de progresividad de los DESCA es convencional, mencionó la relatora, ya que los instrumentos internacionales que firmaron los Estados comprometen al desarrollo progresivo en cada país, al respecto la Observación General no. 3 del Comité DESCA establece que la progresividad es una obligación, donde se debe evitar caer en lo estático contribuyendo constantemente a las resoluciones y políticas en favor de los derechos humanos.

Al respecto, el Mtro. Santiago Vázquez, pidió a la relatora ahondar en el derecho a un medio ambiente sano y las obligaciones del Estado. Por otra parte, la relatora García Muñoz mencionó que la Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2017 explica la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, así como la importancia del Acuerdo de Escazú el cual es tomado en cuenta por la CIDH y la REDESCA por que fortalece y complementa estándares como los presentados en el informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos.

Por otro lado, resaltó que el sistema Interamericano es pionero en reconocer el derecho a un medio ambiente sano a través del artículo 11 del Protocolo de San Salvador en 1988, actualmente el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador es quien monitorea el desarrollo de los DESCA con un sistema de indicadores. Asimismo, mencionó que los DESCA tienen interdependencia con los derechos civiles como el derecho de acceso a la información pública, participación efectiva y el acceso a la justicia.

A continuación, recalcó la necesidad de apoyo de todos en la cultura del cuidado del medio ambiente, y aprovechó el momento para relatar acerca de una visita de trabajo que la abogada hizo a la Ciudad de México donde pudo apreciar las condiciones de trabajo de los recicladores, así como el impacto de su labor en la protección de nuestro derecho al medio ambiente sano.

Es importante mencionar que el constitucionalismo latinoamericano ha evolucionado impulsando en algunos países como Bolivia, Ecuador, o Colombia donde la naturaleza no se protege solo porque es útil al ser humano, sino porque el medio ambiente y la naturaleza es en sí mismos son valiosos y sujetos de protección.

Por último, la relatora, compartió que en la opinión consultiva 3/2021 Emergencia climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos, es relevante porque es el primer set de estándares del sistema interamericano donde se habla de una emergencia climática, es una herramienta que incorpora la participación de la sociedad civil y la academia, donde se invita a la mayor participación en foros internacionales a que se analice el cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos. Y de la misma manera invita a discutir temas prioritarios como la protección de defensores y defensoras ambientales que juegan un rol de protección para los pueblos indígenas; además contiene recomendaciones concretas para la protección de las generaciones futuras y participación efectiva de niños, niñas y adolescentes.

Durante la segunda sección del evento, las participaciones del público especializado iniciaron con la Sra. Dolores Barrientos Alemán, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), quien compartió su experiencia respecto al combate de la contaminación por plásticos en México y la labor extenuante que es poder impactar en las políticas públicas federales, donde el camino de mayor impacto y facilidad fue comenzar a trabajar con las economías locales por lo abiertos que estuvieron en la participación de sus comunidades, así como el impulso simultáneo de regulaciones municipales y leyes estatales. Sin embargo, comentó, las grandes empresas se han acompañado de herramientas jurídicas que han detenido constantemente la progresividad de los DESCAS en ciertos lugares de la república; a lo que la relatora García Muñoz le recordó que el Sistema Interamericano puede ser de gran apoyo en dichos casos desde la consulta de los estándares interamericanos como el Informe de Empresas y Derechos Humanos, así como acudir a sus respectivas instancias.

Enseguida, Florian Huber Director de la Oficina en México de la Fundación Henrich Bolt preguntó ¿Cómo es que se garantiza el derecho al medio ambiente sano? y ¿cuál es el papel de la rama judicial en estos casos? A lo que la experta en DESCA respondió que Idealmente en los proyectos de infraestructura con posible impacto ambiental y social, se espera que haya consultas previas y se sigan los estándares en beneficio del medio ambiente, donde además se aplique el acuerdo de Escazú como medida complementaria.

Para finalizar el evento, fue turno del Dr. José Antonio Guevara Bermúdez, Director Adjunto de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Quien preguntó sobre ¿cómo resignificar las medidas cautelares? La abogada García Muñoz, respondió que las medidas cautelares evolucionan protegiendo y cruzando derechos, por ejemplo, no solamente se protege el derecho a la vida y la integridad personal, sino que también se protege el derecho a la salud; hay que mencionar además que deben ser situaciones urgentes, graves e irreparables donde hay una ardua labor de justificación para aplicar las medidas cautelares.

En seguida, el Mtro. Santiago Vázquez dio cierre a los Diálogos, agradeciendo a la relatora Soledad García Muñoz, al público que participó y a los asistentes.

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Del 28 al 30 de junio de 2023 se llevó a cabo la Segunda Reunión Preparatoria de la XXI edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia bajo el eje temático “Por una Justicia Independiente y eficaz”. Este encuentro reunió a las Coordinadoras y Coordinadores Nacionales, representantes de los Grupos de Trabajo e invitados especiales de los 23 países miembros de la Cumbre.

Durante estos días se rindieron los siguientes informes de actuación: i) Comisión Permanente de Cooperación Judicial Internacional, ii) Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, iii) Portal de Sentencias sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, iv) Portal Iberoamericano de Estadística Judicial y v) Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Fueron presentados y aprobados los productos de los cuatro grupos de trabajo:

• 1. Selección de jueces y juezas y permanencia en la carrera judicial,
• 2. Plan estratégico para una evaluación eficaz del desempeño de la judicatura con perspectiva de salud y bienestar judicial,
• 3. Régimen disciplinario y sus garantías; y
• 4. Hecho tecnológico y función jurisdiccional.

La Asamblea Plenaria de Presidentas y Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Superiores de Justicias y de los Consejos de la Judicatura tendrá verificativo del 20 al 22 de septiembre de 2023, en la ciudad de Lima, Perú y tendrá como propósito el culminar los trabajos desarrollados durante los últimos dos años e iniciar los preparativos para llevar a cabo la XXII edición.

El pasado jueves 13 de abril, la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizó la primera sesión de los Diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que llevó por título "Protección a personas defensoras de derechos humanos".

En la sesión participó como ponente el Comisionado Joel Hernández García, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue moderada por el maestro Santiago J. Vázquez Camacho, Director General de Relaciones Institucionales de este Alto Tribunal. La primera parte del diálogo inició con las preguntas detonantes que realizó el maestro Vázquez Camacho al Comisionado Hernández con el objetivo de definir quienes son las personas defensoras de derechos humanos, sus contextos, retos y perspectivas.

El Comisionado Hernández mencionó que las personas defensoras de derechos humanos son todas aquellas que promueven, protegen y procuran el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por otro lado, al defender y denunciar las vulneraciones a derechos humanos estas personas se ven expuestas a diferentes riesgos.

Después, el Mtro. Vázquez Camacho preguntó sobre el derecho a defender los derechos humanos, a lo que el Comisionado Joel Hernández puntualizó que ese derecho está previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Resolución 1671 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos del 7 de junio de 1999.

Al preguntarle sobre la independencia judicial e imparcialidad en los procesos jurisdiccionales y cómo se relacionan con las personas defensoras de derechos humanos. El comisionado refirió que los operadores de justicia actúan como defensores de derechos humanos cuando garantizan el acceso a la justicia de manera imparcial y protegiendo los derechos de las víctimas. Por otro lado, la independencia de las personas juzgadoras caracteriza la separación de poderes que, al proyectarse en una dimensión individual e institucional, ya que la independencia judicial es un presupuesto del debido proceso.

En seguida, el Comisionado Hernández y el Mtro. Vázquez Camacho reflexionaron sobre el tema del principio democrático en el contexto de un estado constitucional de derecho; donde se dijo que la característica principal de un Estado de derecho es el reconocimiento y defensa del derecho a defender los derechos humanos, donde el rol de los defensores al ejercer su derecho libremente y sin ninguna coacción, coadyuvan en la construcción de una sociedad democrática.

Además se recordó la importancia del respetar y garantizar los derechos humanos como lo dice el artículo 1ero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde los Estados tienen la obligación de no hacer, es decir que no deben inhibir la función de los defensores de derechos humanos y también tienen la obligación de hacer, la cual significa realizar acciones positivas para promover el derecho a defender los derechos humanos, como contribuir a una narrativa positiva sobre esta labor y proveer el ambiente necesario para la seguridad de los defensores. Una tercera obligación es la de protección a través de la creación de mecanismos que protejan la integridad de los defensores, y por último una cuarta obligación que es la de investigar todo atentado contra la vida de personas defensoras donde se sancione toda vulneración a sus derechos, así como la reparación integral a las víctimas.

En la segunda parte del diálogo se realizó una ronda de preguntas por parte del público especializado hacia el Comisionado Hernández, a la videoconferencia asistieron representantes de instituciones y organizaciones civiles; y entre las participaciones que generaron mayor reflexión, fueron:

El representante del Colectivo ANSUR, Julián David García quien preguntó sobre la experiencia y el futuro de los mecanismos de protección, a lo que el Comisionado Hernández recordó a la audiencia que la Comisión Interamericana provee asistencia técnica para los mecanismos, por ejemplo, el reciente desarrollo de una guía para el análisis de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos.

A continuación, participó Abygail Islas López de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien preguntó si existe algún criterio para definir una protesta pacífica, a lo que el Comisionado respondió que, el Estado debe facilitar la realización de esta y aunque puede reconocer el malestar social, la protesta no debe poner en peligro los derechos de terceros. El estado tiene una doble obligación para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y también proteger a quienes no participan en ella.

Posteriormente, Natalia Barreto, Asesora de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, planteó la cuestión sobre qué puede hacer un actor como la Unión Europea respecto a la impunidad y el acceso a la justicia en casos de acoso y asesinato de defensores de derechos humanos, a lo que el Comisionado reiteró que se requiere la participación de todos los defensores e interesados en la protección de derechos humanos y resaltó la importancia de crear una narrativa positiva, así como el reconocimiento al trabajo de los defensores.

En el turno de Sergio Manuel Rivera Camacho, investigador del PRADPI de la Universidad de Alcalá en España, preguntó respecto a los mecanismos de protección ¿si existen medidas que realmente contemplen protecciones colectivas, que garanticen el derecho a defender los derechos humanos? El Comisionado Joel Hernández, puntualizó que los mecanismos no solamente deben ser reactivos, sino que deben contemplar las causas de raíz de las posibles amenazas y las causas subyacentes de los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos; se deben atender las causas estructurales de los riesgos que corren. Por ejemplo, con los defensores del medio ambiente, de la tierra o de los pueblos indígenas y la situación actual de nuestro continente al vivir una economía extractivista, se suele pasar por alto el apoyo a proyectos sustentables en el tiempo, a lo que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece el principio de consulta o consentimiento previo, libre e informado como una medida idónea para atacar ael problema de raíz en cuanto a la defensa del medio ambiente.

En las participaciones posteriores el auditorio reflexionó sobre el rol del poder judicial en la criminalización de la defensa de derechos humanos, así como las vías inmediatas para enfrentar dicha criminalización.

El pasado 30 de marzo, la Dirección General de Relaciones Institucionales, en coordinación con el Centro de Estudios Constitucionales ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México organizaron los ‘‘Diálogos sobre ética judicial’’ con la participación del doctor Manuel Atienza de la Universidad de Alicante y moderado por el doctor Juan Jesús Garza Onofre, Investigador Asociado de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

El Director General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte, el maestro Santiago José Vázquez Camacho fue el encargado de dar la bienvenida a los diálogos. El evento se desarrolló en forma de diálogo y tuvo dos etapas: en la primera los doctores Atienza y Garza dialogaron utilizando una serie de preguntas detonantes relacionadas con la ética en el ámbito jurisdiccional y en la segunda parte se permitió al público hacer preguntas relacionadas al tema.

Durante el diálogo, el Dr. Manuel Atienza enfatizó que la argumentación jurídica tiene un componente moral ineludible, sin que ello justifique que los jueces se conviertan en “comentadores morales”. En consecuencia, comentó que la labor jurisdiccional y la aplicación de criterios éticos en la resolución de asuntos de su competencia debe realizarse dentro del marco del derecho aplicable, por lo tanto, las personas juzgadoras deben ejercitar constantemente sus habilidades de argumentación. En ese sentido, indicó que para reforzar la ética y enfrentar mejor los conflictos morales, es necesario que además de la implementación de un modelo de sanciones, las instituciones deben diseñarse de tal manera que sean difíciles de corromper, se fomente la adecuada motivación de los fallos y se abran espacios de intercambio donde se pueda argumentar y opinar.

En seguida, el Dr. Garza Onofre preguntó ¿cómo pueden crearse los espacios para la argumentación dentro de las instituciones?, a lo que el Dr. Atienza contestó que es necesario entender al sistema jurídico como un subsistema del sistema social, donde modificar cualquiera de los sistemas va a producir cambios alrededor; Asimismo, invitó a mejorar sin dejar de ser realistas, resaltando que los mínimos cambios positivos tienen eco en el sistema.

Posteriormente, los panelistas conversaron sobre la dificultad contramayoritaria generada por el control de constitucionalidad de leyes que realizan los órganos jurisdiccionales y el Dr. Manuel Atienza comentó que la elección democrática de los jueces a través de las urnas resultaría disfuncional, ya que la misión de las personas juzgadoras no es parlamentaria, sino jurisdiccional, a lo que concluyó diciendo que la democracia tiene su propio espacio.

Asimismo, ambos reflexionaron acerca de la división de la ética judicial donde resalta la teoría de la justicia y deontología profesional.

Por otro lado, el Dr. Garza Onofre, invitó al Dr. Manuel Atienza a reflexionar sobre la actividad jurídica en el contexto tecnológico y el papel de la judicatura en las redes sociales. Sobre ese tema, el Dr. Atienza recomendó la prudencia junto y que se emplee el principio de precaución. Además, señaló que la polarización de las redes sociales hace difícil que las personas juzgadoras puedan contribuir a la opinión pública de manera adecuada. Mencionó también, que es diferente tener presencia y otra ser activo en redes sociales, finalizando con que los jueces deben elegir el medio más propicio para el intercambio de ideas.

Para finalizar el Diálogo se invitó a las personas del público a participar con el Dr. Atienza. Durante este ejercicio, surgieron preguntas relativas a casos particulares como la posibilidad de que un órgano jurisdiccional inaplique disposiciones legales en aras de defender principios éticos, además se reflexionó sobre temas como las corrientes del feminismo y el lenguaje inclusivo.

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Durante los días 10 y 11 de noviembre, representantes de doce tribunales constitucionales de la región compartieron espacio en los Diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina, organizados por la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el evento tuvo como objetivo el intercambio de opiniones y criterios jurisdiccionales, respecto a la discusión de las sentencias más relevantes de los tribunales participantes; durante esta cuarta edición las sentencias estuvieron orientadas a reflexionar sobre varios de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Ministro Luis María Aguilar Morales estuvo a cargo del mensaje de clausura en el cual destacó que la independencia judicial es esencial para lograr un verdadero equilibrio entre los poderes estatales que encausen a una sociedad pacífica siempre con base y guía en las constituciones de los países y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Asimismo, el Ministro Aguilar Morales resaltó que este evento ayudó a identificar nuevos retos en la protección de Derechos Humanos, mismos que contribuyen al desarrollo de nuevos contenidos y con efectos transformadores.

En la primera mesa de diálogo: “Derecho a un medio ambiente sano” se mencionó que es de suma importancia aplicar un criterio amplio de la legitimación activa para la correcta protección de los derechos con carácter colectivo; dicha mesa fue moderada por la doctora María Guadalupe Fernández, Jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; y los ponentes fueron: la Ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la República Oriental del Uruguay, Bernadette Minvielle, y el Juez en retiro, Agustín Grijalva Jiménez.

Durante la segunda mesa: “Derecho a la salud” se hizo hincapié en razón de que los servicios médicos deben proporcionarse de manera accesible y sin discriminación, por lo cual no es admisible la restricción del derecho al libre tránsito de las personas; asimismo se debe procurar llegar a acuerdos conciliatorios de pago como medio alternativo de solución de controversias. La mesa fue moderada por la Magistrada Fabiana Estrada Tena, Coordinadora General de Asesores de la Presidencia de la SCJN, y participaron como ponentes: el Ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo; el Magistrado Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Paul Enrique Franco Zamora, y la Jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Alba Luisa Beard Marcos.

En la tercera mesa: “Derecho a la educación y cultura” participó como moderador el doctor Roberto Saba, Profesor de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional en las Universidades de Palermo y Buenos Aires; y los ponentes fueron: el Ministro del Tribunal Constitucional de Chile, Rodrigo Pica Flores; el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, Víctor Ríos Ojeda; y la Magistrada en retiro del Tribunal Constitucional del Perú, Marianella Leonor Ledesma Narváez. En esta mesa los participantes reflexionaron sobre el derecho a la educación como medio indispensable para lograr el desarrollo integral de una persona, así como las medidas integrales que los Estados deben aplicar para asegurar la accesibilidad y disponibilidad de educación para los grupos vulnerables, en especial las personas que viven en extrema pobreza.

En la cuarta mesa: “Derecho a la protección y asistencia a la familia’’ se concluyó que el factor biológico a pesar de ser un factor básico en materia filiatoria no debe ser condición necesaria ni indispensable para establecer como realidad jurídica que una persona descienda de otra. Esta mesa fue moderada por la licenciada Alejandra Spitalier Peña, Secretaria General de la Presidencia de la SCJN, y participaron la Magistrada suplente de la Corte Suprema de Costa Rica Ana Cristina Fernández; la Ministra de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández; la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Eugenia López Arias; y la Jueza asociada en retiro del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Anabelle Rodríguez Rodríguez. Al finalizar el debate, se concluyó.

Para finalizar, en la quinta mesa: ‘‘Derechos laborales y a la seguridad social’’ se conversó sobre el derecho a la igualdad de condiciones para el empleo de las trabajadoras domésticas y las particularidades de su trabajo, así como la equiparación de sus derechos. Este diálogo fue moderado por Roberto Niembro Ortega, Director General de Relaciones Institucionales de la SCJN, y participaron como ponentes: el Magistrado en retiro de la Corte Constitucional de la República de Colombia, Alberto Rojas Ríos; la Ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa; la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez; y la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, Doris Morales Martínez.

El 25 de noviembre pasado, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del evento 25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde participaron con un mensaje: el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF),la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta de la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal; Comisionada Julissa Mantilla Falcón, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatora de los Derechos de las Mujeres; Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y la Consejera Eva Verónica de Gyves Zárate del CJF.

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa en su discurso de apertura resaltó el compromiso que tiene el Poder Judicial al aplicar perspectiva de género que pueda originar un cambio social y cultural en todo el país, donde se requiere real unión entre instituciones y sociedad civil.

A continuación, la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora de los Derechos de las Mujeres, habló de la importancia de institucionalizar una perspectiva de género que reconozca la aplicación de estándares interamericanos.

Por otro lado, en sus participaciones la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, y la Consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate reflexionaron sobre los derechos políticos que las mujeres deben ejercer para fortalecer el desarrollo democrático de nuestro país; donde no puede haber justicia para todos si no hay justicia para las mujeres, asimismo subrayaron que ahora más que nunca se debe dar visibilidad y respuesta a los movimientos feministas en los escenarios políticos y sociales de todo el mundo.

Al finalizar la ceremonia de inauguración, el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea habló de lo necesidad de cuestionar las masculinidades actuales y luchar por la igualdad, libertad y un trato justo que apoye la lucha de las mujeres: ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

A continuación, se llevó a cabo la Presentación del tercer número de la Revista “Mujeres en la justicia” del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, en la que varios de sus integrantes participaron con un mensaje de reflexión respecto a los artículos que son parte de la Revista.

Posteriormente, se llevó a cabo la Conferencia Magistral a cargo de la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, quien expuso la necesidad de cuestionar la estructura del derecho el cual condiciona la vida de niñas y mujeres a sufrir diferentes tipos de violencia; donde los jueces tienen la responsabilidad de cuestionar los estereotipos de género al momento de resolver conflictos.

Más adelante, en las actividades previstas se desarrollaron Mesas de diálogo. Durante la Mesa número 1 "Causas y contextos de la violencia contra las mujeres", el mensaje introductorio lo dio la Dra. Teresa Incháustegui Romero, Integrante del Comité de Expertas del MESECVI quien mencionó que la violencia feminicida es atravesada por el crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico, asimismo hizo hincapié en que las instituciones deben trabajar coordinadamente para enfrentar la violencia contra las mujeres y combatir la violencia simbólica.

Luego, en su mensaje la Dra. Lucía Nuñez Rebolledo, ocente e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM) reflexionó sobre la interseccionalidad para establecer estrategias efectivas que puedan combatir la violencia en contra de las mujeres; posteriormente la Dra. Julia Estela Monarréz Fragoso, Investigadora Titular de El Colegio de la Frontera Norte, reflexionó sobre la importancia de tomar en cuenta el contexto ya que cuando no es así puede invisibilizar alguna de las violencias que sufren las mujeres.

Mientras tanto, la Mtra. Estefanía Vela Barba, Directora de INTERSECTA A.C. habló de la prisión preventiva oficiosa y como ésta afecta directamente a grupos vulnerables como las mujeres, donde más de la mitad sufrió alguna agresión durante su detención, esto además de las condiciones e injusticias durante su estancia en prisión.

A continuación, la Mesa de diálogo 2 "Las ciencias forenses y su relación en feminicidios y desapariciones de mujeres", la primera ponente la Lic. Mirna Nereida Medina Quiñonez compartió su experiencia como parte del Colectivo Rastreadoras de El Fuerte, en la búsqueda de las personas desaparecidas entre ellas a mujeres que han sido víctimas de la violencia creciente que vive el país, asimismo invitó a la sociedad a brindar apoyo al Colectivo y a organizaciones similares a través del trabajo, de la presencia y compromiso que se puede aportar como ciudadanos.

La Dra. Zoraida García Castillo, Coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, en su participación explicó la relación que existe entre la desaparición de mujeres y su posterior feminicidio; la desatención y revictimización por parte de las instituciones, asimismo mencionó que existen protocolos para aplicar perspectiva de género en la ciencia forense, donde las pruebas deben ser exhaustivas así como el análisis de contextos, y lo importantes que son para judicializar los casos, resolver y reparar en favor de las mujeres.

Por su parte, el Dr. Jorge Luis Álvarez Peña, Perito Médico Forense del Instituto Médico Forense del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, mencionó que el feminicidio es consecuencia de la falta de respuesta del Estado para aplicar correctamente los mecanismos además de la tolerancia social, donde los servicios forenses desempeñan un papel esencial para identificar factores de riesgo que contribuyan a fundamentar las causas de muerte y asegurar un efectivo acceso a la justicia en favor de los familiares de las víctimas.

En su mensaje de clausura, la Mtra. Adriana Rubio Mendoza, Coordinadora del área pericial y forense del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), mencionó que es importante tomar en cuenta que la violencia feminicida es una emergencia nacional, donde la prevención por parte del Estado es prioritario y en la ciencias forenses se debe evitar reforzar las hipótesis de accidentes o suicidios.

Al finalizar la mesa anterior, se dio clausura a las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer se llevó a cabo la Presentación del tercer número de la Revista “Mujeres en la justicia” del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde se reunieron varios miembros del Comité a comentar sobre dicho proyecto.

La Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e integrante del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF, dio inicio a la presentación, mencionando que las revistas han sido proyectos pioneros donde las mujeres encuentran espacios para expresar temas de manera exhaustiva y más flexible. Recalcó que en este tercer número, se estudian tópicos como las luchas feministas e igualdad de género, la aplicación de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad; el derecho constitucional familiar y la violencia en la justicia penal donde se exponen casos que fueron resueltos con perspectiva de género.

Por su parte, la Consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) e integrante del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF, retomó las ideas principales e hizo comentarios breves respecto a cada uno de los artículos que se presentan en la revista.

Posteriormente, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF, hizo una reflexión acerca de los tipos de violencia que las mujeres han sufrido a lo largo de la historia, e invita a los juzgadores, académicos, y servidores públicos a que contribuyan y participen en la Revista.

Más adelante, el Dr. Ricardo Jesús Sepúlveda Iguíniz, Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la SCJN, resaltó que la Revista “Mujeres en la justicia” en su formato digital es compatible con lectores de texto cumpliendo con un carácter de inclusión para las personas con discapacidad visual, ampliando así la difusión y alcance para toda la sociedad.

Para finalizar la presentación, la Magistrada Betsabé Dulcinea Apodaca Ruíz, Integrante del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur y de la Comisión Editorial y Académica del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF, invitó a la lectura y análisis de los artículos presentados en la Revista que para dar visión, identificar y prevenir actos reprobables, generando una cultura de oportunidades e igualdad, donde se erradique todo tipo de violencia contra las mujeres.

La presentación fue moderada por la Consejera Lilia Mónica López Benítez del CJF e integrante de la Comisión Editorial y Académica del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF.